El Gobierno negocia subir el sueldo a los funcionarios un 0,3% más este año pese a los números rojos

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernandez Spínola, ha informado este jueves que el Gobierno se encuentra inmerso en las negociaciones para la subida salaria adicional del 0,3% de los empleados públicos en el mes de diciembre, que se sumaría al 2% aprobado con anterioridad. Esta subida en los sueldos de los funcionarios se produce en un momento en el déficit público podría oscilar entre una horquilla de 133.000 y 161.000 millones de euros, hasta el punto de superar el 14% del PIB.

El secretario ha añadido que, además, ya falta poco para la aprobación de la Ley de Función Pública tras haber alcanzado un consenso con las Comunidades Autónomas para la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para regular los interinos. Hernández Spínola ha mostrado su apoyo a la enmienda de modificación de Partido Socialista para congelar las retribuciones de los altos cargos, alegando que el Ejecutivo no quiere subirse el sueldo, dejándolo en manos de la Cámara.

La subida en los sueldos de los funcionarios se produce en un momento en el déficit público se sitúa en el -5,22% del PIB.

También ha asegurado que se preparan medidas para establecer sanciones a los gestores públicos que abusen de la temporalidad de los empleados públicos y que se agilizarán los procesos selectivos para acortar los tiempos de incorporación a las administraciones. Asimismo, ha detallado que, en materia de Función Pública, se van a acometer una serie de reformas para la modernización reflexiva de las administraciones con el fin de que contribuyan al proceso de transformación económica y social.

Sanciones por abuso de temporalidad

Para evitar el abuso de la temporalidad de los funcionarios públicos, secretario de Estado de Política Territorial afirma que está prevista la aprobación del proyecto de Ley de Función Pública y de la Administración del Estado y se trabaja con el fin de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Dicho Estatuto ya fue modificado el pasado mes de septiembre para incluir la regulación de la Ley del Teletrabajo, y que pretende mejorar el acceso a la Función Pública y reducir la temporalidad. Con ese fin, se están revisando las pruebas selectivas para agilizar los procesos selectivos que actualmente se eternizan y se retrasan la incorporación una media de dos años, algo que va a cambiar radicalmente.

Según Hernández Spínola, el Ejecutivo va a buscar una solución en doble vía, con la modificación del artículo 10 del EBEP y dando una solución legislativa para los 660.000 empleados públicos temporales, algo que no es fácil, que no se ha hecho y que es un problema de hace muchos años pero que se va a encarar.

«Más pronto que tarde plantearemos una solución legislativa y en breve plazo se podrá discutir porque existe la voluntad de resolverlo cuanto antes»

En cualquier caso, ha recordado que se han aprobado los procesos de estabilización y una oferta de empleo público de 28.055 plazas este año, de ellas 9.000 de promoción interna, un 148% más y la mayor de la historia, si bien ha admitido que con estas convocatorias no se resuelve el problema de la temporalidad.

También ha concretado que la temporalidad en la Administración General del Estado es del 7,04%, por debajo de la meta del 8%, si bien las altas tasas de temporalidad se localizan en las CCAA (36%), las corporaciones locales (12%) o las universidades (44%).

También ha concretado que la temporalidad en la Administración General del Estado es del 7,04%, por debajo de la meta del 8%, si bien las altas tasas de temporalidad se localizan en las comunidades autónomas (36%), las corporaciones locales (12%) o las universidades (44%).

Tasa de reposición

La tasa de reposición general es del 100% por primera vez desde 2010, alcanzado el 110% en sectores prioritarios, para abordar el problema de envejecimiento, puesto que la media de edad de los empleados públicos es de 52 años y el 50% de los funcionarios del Estado se jubilará en menos de una década. Por ello, ha insistido en la necesidad de facilitar el acceso al empleo público para reducir las tasas de reposición y generar sinergias en los procesos de acceso a los empleos públicos.

Por último, ha defendido los Presupuestos Generales del Estado como los mejores posibles en el contexto actual y ha detallado que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública contará con 600 millones para cumplir los objetivos del Plan de Recuperación, de ellos 30 millones el Ministerio y 570 millones para CCAA y corporaciones locales.

Así, los presupuestos de 2021 contemplan 2.509 millones para el Ministerio, un 15,6% más, si bien restando organismo autónomos como el INAP, Muface o el Consejo de Transparencia, asciende a 619 millones, un 74% más.